Norma Piña y la República
A Francisco Burgoa,
el gran abogado patriota
El día de hoy, México asistirá a un
momento que difícilmente volverá a repetirse en su futuro: la presidenta de la SCJN citó
el día de hoy, para la sorpresa de propios y extraños, a una última sesión (extraordinaria) a los ministros (as), para analizar impugnaciones
relacionadas con la elección judicial de dos magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Electoral (TEPJF), cuando de hecho ya se había consumado para la gran tragedia de México, el sistema de la división de
poderes. De prosperar la nulidad de dos magistrados electos a través de
violaciones a las leyes, México recuperaría la legitimidad de sus órganos
electorales, hoy en día, en manos perversas, de lo contrario, si los nuevos magistrados
“electos” por las pandillas morenistas, ¿cuál pueblo…?, llegaran a ejercer sus
cargos, volveríamos al “fusílelos y luego averiguamos”, que creíamos haber
superado.
Son dos frentes de una misma guerra
jurídica: el primero, bajo la competencia de la Corte, centrado en
impugnaciones a la elección de magistraturas electorales; el segundo, con el
proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del TEPJF, que propone
anular justificadamente la elección de la nueva SCJN por la distribución
ilegal, de guías de votación —los famosos “acordeones elaborados y difundidos de
manera coordinada en 26 entidades del país— que
distorsionaron la voluntad ciudadana para favorecer a los 9 candidatos de Morena, finalmente
electos para la Corte, violando los principios de legalidad, certeza y equidad.
Hablamos de un mecanismo de manipulación prohibido por la Constitución,
desplegado a escala nacional, con impacto real y determinante en los
resultados. El proyecto de Reyes Mondragón es jurídicamente sólido: identifica
la infracción, prueba su carácter generalizado, vincula causalmente su uso con
el resultado y sostiene que, bajo la Constitución, el efecto debe ser la
nulidad.
¿Los nuevos ministros llegarían a
ejercer el cargo violando la Constitución que jurarían defender?
Reyes Mondragón se encuentra casi
solo, pues junto con Janine Otálora, representa una franca minoría ante los magistrados
trogloditas, como Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, éstos últimos, enemigos
de los supremos intereses de la nación, que integran la
actual Sala Superior.
Son los mismos que avalaron aviesamente la sobrerrepresentación legislativa
que le permitió a Morena contar con la mayoría calificada para reformar la
Constitución y proceder así a la destrucción institucional de la República. Una
disculpa: cuando los califiqué como trogloditas, en realidad quería decir
cavernícolas, prehistóricos…
En ningún caso ni circunstancia,
puede impartir justicia un ministro que accedió a su cargo después de violar
los principios de equidad, libertad del voto y autenticidad establecidos por la
ley.
Si la nulidad propuesta por Reyes
Mondragón llegara a declararse, un
objetivo gratificante de salud pública para continuar construyendo un Estado de
Derecho con garantías ciudadanas para todos, quedará constancia de que la
justicia mexicana se impuso al cálculo político retardatario, reaccionario,
enemigo salvaje de la convivencia civilizada entre mexicanos. Si se rechaza, no
solo quedará constancia de que los guardianes de la Constitución se
convirtieron en sus sepultureros, sino que, ante la desaparición de la
legalidad y la absurda imposición de la política obscena, la opción válida a
seguir consistirá en resolver nuestras diferencias con las manos con todas sus
consecuencias. Ninguno de los ministros (a) electos (a), con un mínimo de dignidad
y patriotismo, podrá protestar guardar y hacer guardar la Constitución, cuando
ellos mismos la pisotearon. ¿Asistiremos a un escenario en el que la primera
presidenta de la República en nuestra historia, lograría expulsar a la primera ministra presidenta
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Es difícil, más no imposible, que la ínclita
Norma Piña gane la votación para anular la elección de 2 magistrados del TEPJF, porque se requieren 8 votos
para lograrlo y solo cuenta con 6 ministros patriotas respetuosos del Estado de derecho, por lo que el futuro de la
administración de justicia, es más negro que el hocico de un lobo, pero lo
último que se pierde es la esperanza. Impongámosle, por lo pronto, a la
ministra Piña y al magistrado Reyes Mondragón un laurel
de honor.